Esta es la lista de reacciones que podrá encontrar aquí el lector interesado en el tema.
La directiva de la AVT ha comparecido ante los
medios de comunicación poco después de conocer la sentencia del Tribunal de
Estrasburgo acompañada de 60 víctimas de ETA que temen que los responsables de
sus asesinatos puedan salir a España si se deroga la 'doctrina Parot'.
"Hoy en España
se ha quebrado el Estado de Derecho. La democracia ha sido derrotada por culpa
de los políticos que han cedido a los terroristas", ha denunciado la
presidenta del principal colectivo de víctimas del terrorismo, Angeles Pedraza,
que ha señalado como principal responsable al expresidente José Luis Rodríguez
Zapatero pero ha incluido en la responsabilidad a todos los dirigentes
políticos.
Previamente, nada
más conocerse el fallo de Estrasburgo, la AVT dio su versión en Twitter, donde ha escrito
"Vergüenza: Estrasburgo tumba la doctrina Parot. Es el día de la infamia,
el día de la injusticia". Asimismo, escriben: "Inés del Río mató a 23
personas. Destrozó vidas y sueños. Destrozó ilusiones. Hoy un tribunal ampara
sus asesinatos".
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2. Editorial de
López Guerra consuma su traición
A favor de liberar a
la etarra Inés del Río y, además, de indemnizar con 30.000 euros a la
terrorista del «comando Madrid» por «daño moral». Ése fue el sentido del voto
que ayer emitió Luis López Guerra, el único juez español de los 17 que componen
la Gran Sala
del Tribunal de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. No fue una sorpresa.
Todo lo contrario. Era la culminación de una traición a las víctimas del
terrorismo que tuvo su primer episodio en julio de 2012, cuando el magistrado
vinculado al PSOE ya votó a favor de la derogación de la «doctrina Parot». Pero
en 2006, como informó LA RAZÓN
en su edición de ayer, las actas de ETA ya reflejaban que el Gobierno
socialista prometió a la banda «cambios en la Política-penitenciaria -Parot».
Y un año después, el Ejecutivo socialista elegía de entre tres candidatos a
López Guerra para el TEDH, que empezó a ejercer en febrero de 2008.
Junto a López
Guerra, ayer votaron en el mismo sentido otros 14 magistrados. Y es que la
votación principal, la que dirimía si se vulneró el artículo 7 del Convenio
Europeo de Derecho Humanos de la sanguinaria pistolera, acabó con un rotundo
15-2, a
favor de dar la razón a la terrorista.
Sólo dos
magistrados, el británico Paul Mahoney y el bosnio Faris Vehahovic se oponen a
la derogación de la medida penitenciaria. «No podemos compartir la opinión
mayoritaria de la Gran Sala »,
comienza diciendo su voto particular, en el que entienden que se trata de un
«caso extraordinario que puede preocupar por el trato dado al prisionero», pero
en el que no consideran que la «sanción a la demandante se haya hecho más
pesada por la impugnación», a pesar del «impacto muy significativo en el tiempo
que tiene pasar en la cárcel» ante de que expire la sentencia. Además, señalan
estos dos magistrados, «no estamos convencidos de que la diferencia entre el
derecho automático a la reducción de la pena (por trabajos realizados en la
cárcel) y la liberación condicional por buena conducta sea decisiva».
Además, pese a la
condena a España, sobre la que no cabe recurso posible, otros siete magistrados
se opusieron a que se indemnice a la etarra con 30.000 euros. A Paul Mahoney y
Faris Vehahovic se sumaron Mark Villiger (Liechtenstein), Elisabeth Steiner
(Austria), Ann Power-Forde (Irlanda), Paul Lemmens (Bélgica) y Valeriu Grito
(Moldavia), que ponen de manifiesto en su voto particular que Del Río ha
cometido asesinatos, tentativas de asesinato y lesiones de gravedad y «ha
provocado numerosas víctimas». «Debido a las particularidades del caso y del
contexto en el que se inscribe consideramos que no ha lugar a conceder a la
interesada una suma económica a título de perjuicios morales», indican los
cinco jueces.
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3. Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo
(Recibido
22 octubre de 2913)
Javier:
esta
mujer ha asesinado a 24 personas
y va a
salir en libertad
Inés del Río fue miembro del comando Madrid de ETA y fue condenada a 3.828 años de cárcel por asesinar a 24 ciudadanos inocentes. Hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el Gobierno español tiene que indemnizarla por haberle aplicado la doctrina Parot, que permitía a
Este martes, a las 9.15 de la mañana, el pleno extraordinario de
El próximo viernes los jueces volverán a reunirse para decidir si liberan otra asesina, Jofesa Mercedes Enaga, miembro del comando Barcelona, una de las criminales del atentado de Hipercor (21 muertos). Y en las próximas semanas,
Dile a Mariano Rajoy que mantenga la doctrina Parot si quiere volver a verte entre sus electores
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es de obligado cumplimiento para España. Muchos países democráticos (por ejemplo, Gran Bretaña) han rechazado sus sentencias. El presidente del Gobierno tiene el poder de decidir que España no acatará esta barbaridad jurídica. Pero si no se lo exigimos todos de manera inmediata y contundente, los asesinos de los últimos 50 años quedarán en libertad.
Te pido que me ayudes: envía tu mensaje a Moncloa, exige a Mariano Rajoy que mantenga en la cárcel a quienes intentaron acabar con la libertad de todos, y para ello asesinaron a tantos:
http://www.hazteoir.org/alerta/54207-diga-s-doctrina-parot
¡Muchas gracias por defender al memoria de las víctimas y por luchar por una democracia limpia de asesinos!
Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo
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4. El Ministro del Interior en
declaraciones a la radio
Jorge Fernández: "Estrasburgo no le
ha hecho ningún bien hoy a la causa de los derechos humanos" (En una
entrevista en el programa de 8 al día de Catalunya y reproducido en La
vanguardia del día 22 de Octubre de 2013)
Para el titular de Interior, "hoy el TEDH
no le ha hecho ningún bien a los derechos humanos" y ha subrayado la
incomprensión que suscita una decisión como ésta porque "estamos hablando
de delitos gravísimos: de terroristas, violadores, etc.". La crítica del
ministro al tribunal de Estrasburgo ha ido más allá cuando ha recordado que
"diariamente en el mundo se violan los derechos humanos, y este no era el
caso". Jorge Fernández ha añadido que la justicia española ha protegido
siempre los derechos humanos, por lo que ha lamentado que el fallo cuestione
una doctrina Parot que "fue fijada por el Tribunal Supremo y avalada
finalmente por el Tribunal Constitucional".
Por todo esto, ha asegurado que es difícil
"explicar a las víctimas el por qué la persona que cometió estos delitos
tan graves se le han violado los derechos y encima hay que indemnizarles".
Jorge Fernández ha garantizado que la aplicación
de la sentencia la van a llevar a cabo las instancias españolas en función de
la interpretación que ya determinaron Supremo y Constitucional, agregando que
se va a mirar "caso por caso".
Respecto a las garantías de seguridad que
Interior dará en el caso en que estos presos queden en libertad, el ministro ha
asegurado que se va aplicar de forma tajante la legalidad. "En el caso de
los terroristas, que estén libres no quiere decir que puedan hacer apología del
terrorismo o que puedan volver a casa como héroes de guerra", ha dicho,
mientras que otros casos, como de violadores, "se llevarán a cabo las
medidas previstas en la legalidad vigente".
Leer más: http://www.lavanguardia.com/politica/20131021/54391495190/jorge-fernandez-estrasburgo-derechos-humanos-doctrina-parot.html#ixzz2iQmpJm85
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5. La Asociación Catalana
de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot)
(La Vanguardia 22/ 10/13)
BARCELONA
(EUROPA PRESS) La
Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas
(Acvot) ha afirmado que la sentencia de este mismo lunes del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo sobre la doctrina
Parot "desprecia manifiestamente" el dolor de las víctimas del
terrorismo, ha informado la entidad en un comunicado.
También
considera que es "gravemente perjudicial" para la lucha
antiterrorista, y que la posible salida de prisión de miembros de ETA supone un
balón de oxígeno para ellos: calcula que podrían beneficiarse de la sentencia
64 terroristas, y solo uno, Joseba Arizmendi, se ha manifestado en contra de la
violencia y dispuesto a abandonar las armas.
Leer más: http://www.lavanguardia.com/politica/20131021/54391497784/victimas-catalanas-del-terrorismo-contra-sentencia-estrasburgo.html#ixzz2iQo07jl4
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6. Del editorial de ABC. ¿De qué derechos humanos
hablamos?
Día 22/10/2013
Tras la sentencia de Estrasburgo, hay que evitar
certificados de defunción del Estado de Derecho contra ETA, incluso de la
propia doctrina Parot, aunque haya quedado seriamente tocada
LA sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos sobre la terrorista Inés del Río es, sin paliativos, el más grave revés
que ha recibido la política antiterrorista del Estado...
Editorial del ABC. El resto de
pago
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7. Editorial de La Razón.
La irreversible derrota de ETA
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8. EDITORIAL El Mundo 22/10/13
'Un fallo que hay que compensar con todo el
apoyo a las víctimas'
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9. Editorial de “El
Pais” 22/10/13
Acatar, aplicar
Incumplir una sentencia sobre derechos
humanos sí que animaría a los más fanáticos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede
en Estrasburgo, rechazó ayer el recurso presentado por España contra la
resolución anterior (julio de 2012) de una de las salas de ese tribunal, en la
que anulaba la aplicación de la doctrina Parot a la presa de ETA Inés
del Río. Al confirmar dicha anulación, Estrasburgo abre la puerta a la
excarcelación de unos 100 reclusos, en su mayoría miembros de ETA, a los que
les fue aplicada esa doctrina a partir de 2006.
La doctrina Parot consiste básicamente en
que las redenciones de pena previstas en la legislación penitenciaria vigente
hasta la entrada en vigor del nuevo Código Penal (1995) se aplican, en casos de
condenas múltiples, a cada una de ellas, sucesivamente, y no al máximo de 30
años de cumplimiento previsto en el Código anterior. Aplicando ese Código, Inés
del Río, detenida en 1987, habría tenido que salir de prisión en 2008: con la doctrina
Parot, se habría atrasado hasta 2017. Estrasburgo considera irregular su
permanencia en prisión a partir de 2008.
Dicha doctrina fue controvertida desde el comienzo,
pero respondía a un problema real. Las redenciones aplicadas sobre un mismo
tope de 30 años hacían que el periodo de cumplimiento real pudiera ser el mismo
para condenados por un asesinato o por 23 (como es el caso de Inés del Río). Un
absurdo que quiebra el principio de proporcionalidad de la pena, esencial en el
derecho penal. La sentencia de 2012 ahora confirmada no entra a valorar el
nuevo criterio de cómputo, sino su aplicación retroactiva. Algo netamente
antijurídico si se refiere a una ley, pero no necesariamente si lo que cambia
es la interpretación jurisprudencial de la misma. Se han citado antecedentes de
aceptación de esto último en sentencias del propio Tribunal de Estrasburgo.
Editoriales anteriores
En torno a estas cuestiones ha girado la
controversia jurídica sobre el caso, no solo en Estrasburgo, sino también a su
paso por el Supremo y especialmente el Constitucional, que avaló por estrecho
margen la nueva doctrina. Pero el asunto ha quedado zanjado por el organismo
competente, y nada sería más peligroso que hacer caso a las voces que ayer
exigían al Gobierno no acatar la sentencia, en ocasiones bajo amenaza de lanzar
una campaña de protestas.
Es cierto que la opinión pública está muy
sensibilizada por este asunto, pero ello se debe en buena medida al alarmismo
levantado sobre sus consecuencias. No es cierto que sin la doctrina Parot
haya “impunidad”, o que matar salga “gratis”, como se ha dicho con gran aplomo.
Los reclusos que se beneficiarán de su no aplicación llevan en su inmensa
mayoría más de 20 años de cárcel: eso no es impunidad. Tampoco es verdad que su
salida vaya a dejar al Estado de derecho desarmado frente al terror: que el
Estado se negase a cumplir la sentencia de un Tribunal de Derechos Humanos sí
que estimularía a los más fanáticos de ese mundo, que llevan decenios diciendo
que España no es una verdadera democracia.
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10. Del editorial de “El Diario Vasco”
(es de pago)
Los editoriales de El Diario Vasco y de
El Correo (normalmente el mismo) son de pago. He extraído y traslado
manualmente de la editorial de El Diario Vasco del martes 22/10/13 en formato
papel lo siguiente, donde queda en meridiana claridad la opinión editorial del
periódico: “Puede resultar incomprensible y hasta hiriente que reclusos
condenados a cientos de años de cárcel por haber convertido la vida de algunos
de sus conciudadanos en mero objeto de la inquina totalitaria, se vean
legitimados para reclamar que se les aplique la Ley con las máximas garantías para sus derechos
como humanos. Como es abominable que la izquierda abertzale muestre con
algarabía su satisfacción ante una sentencia que cuando menos debiera invitar a
sus supuestos beneficiarios a la moderación. O criticable que el Gobierno Vasco
reciba con entusiasmo algo que obliga a todas las instituciones a tener muy en
cuenta los desgarros que provoca en las víctimas. Pero la democracia no comenzó
a corregir hasta 1995 el lacerante absurdo de que un asesinato merezca los
mismos años de cárcel que veintitantas muertes”
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11. De una declaraciones del
magistrado Joaquín Giménez
Joaquín Giménez Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo, que ejerció de magistrado en San Sebastian y como Presidente de la Audiencia en Bilbao en
una entrevista (obviamente de pago) en El Diario Vasco (22/10/13) escribe que
“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos vienen a recoger la tesis fundamental
de los tres compañeros de la
Sala Segunda que hicimos el voto particular (contra la
sentencia que avaló mayoritariamente la Doctrina Parot )
porque nos parecía de justicia hacerlo. Uno de los principios del Derecho Penal
es que las interpretaciones de la leyes, sobre todo cuando hay un giro de 180
grados, como en este caso, tienen que tener una proyección de futuro, nunca
retroactiva; máxime cuando va contra el reo”
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12 Editorial de GARA 22/10/13
Estrasburgo obliga al Estado pero interpela a Euskal Herria
El fallo de la
Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
ratificando y haciendo definitiva la sentencia contra la aplicación de la
doctrina 197/2006 a Inés del Río es una buena noticia desde todas las
vertientes. En primer término, no puede ser de otra forma, lo es para la presa
de Tafalla, cuya puesta en libertad debe producirse de forma inminente. Cinco
años de prisión añadida no se enjuagan fácilmente y no se puede decir que en su
caso se haya hecho justicia, pues nadie le va a devolver ese tiempo, pero es
evidente que la noticia procedente de Estrasburgo era la que esperaban ella y
sus allegados.
Por supuesto, también es una gran noticia para las decenas de presas y presos cuyas condenas han sido alargadas de forma arbitraria y que permanecen encarcelados sin soporte legal. En los últimos siete años el numero de víctimas de la doctrina ha ido creciendo a medida que se iban cumpliendo las penas, hasta sumar más de medio centenar de personas que en ejecución del dictamen europeo deberían quedar en libertad en breve, y otras muchas que pueden verse afectadas a medio plazo. Precisamente, una parte importante del problema que se les presenta ahora a los poderes del Estado ante un sector de su opinión pública (y publicada) es consecuencia de su empecinamiento en engrosar la lista de afectados por una norma que se sabía injusta. En este tiempo, los mandatarios españoles han tenido más de una oportunidad de poner freno al disparate, hacer pedagogía y reconducir este tema hacia cauces racionales, pero han optado por huir hacia adelante hasta que han chocado con el muro europeo. Podían haber reculado cuando la doctrina llegó al Tribunal Constitucional, y también cuando se produjo la primera sentencia del Tribunal de Estrasburgo, pero presos de su propia inercia represiva y sujetos al interés del lobby securócrata, quienes tenían en sus manos evitar este bochorno internacional -y, conviene no olvidarlo, el sufrimiento de mucha gente- han sido incapaces de hacerlo. En este sentido, el fallo debería ser aprovechado para que Madrid redefina su política carcelaria y la sitúe, al menos, en parámetros respetuosos con los derechos humanos.
Impulso en el camino de la solución
La primera intervención de los titulares de Justicia e Interior no permite albergar muchas esperanzas a este respecto. Aun sabiendo cuál podía ser el sentido de la sentencia, y a pesar de que su rueda de prensa había sido convocada con antelación, ambos trasmitieron una sensación de congoja, real o impostada, que quizá pretendía reflejar su cercanía con algunos colectivos de víctimas pero que distaba mucho de lo que se espera de unos ministros. Y en el fondo de su intervención no hubo asomo de autocrítica, sino un rezongador acatamiento de un veredicto que no comparten. Mostraron además una concepción vengativo-represiva ajena al Estado de Derecho que tanto reivindican. Los representantes del Gobierno del PP parecen no entender la gravedad de ser condenados por una instancia europea por quebrantar sus propias leyes para violar derechos humanos y se permiten amenazar con más de lo mismo.
Con todo, y aun sabiendo que los obstáculos van a seguir existiendo, la sociedad vasca debe entender el fallo del TEDH como un acicate en la búsqueda de una paz justa y duradera. Hace dos años se fijó una hoja de ruta para la consecución de ese objetivo, y es responsabilidad de este pueblo y de sus agentes políticos y sociales articular los mecanismos necesarios para hacerla efectiva. En este sentido, la sentencia tiene implicaciones que van más allá de la situación de Inés del Río o de los presos y presas vascas, y debe ser un punto de inflexión para retomar el camino emprendido en Aiete. Puede decirse que Estrasburgo obliga al Estado español a eliminar una norma legal que conculca derechos humanos, pero interpela a este pueblo para que afiance ese camino.
Si algo quedó claro ayer es que queda muchísimo trabajo por hacer. Hay que agradecer la serenidad mostrada por quienes defendían la derogación de la doctrina 197/2006. Ahora esa alegría contenida puede resultar fértil para romper bloqueos.
Con una paz justa todo el mundo gana
No es momento para triunfalismos. Tampoco para derrotismos. El Estado español, todos los estamentos que de un modo u otro configuran su política de estado, deben reflexionar seriamente sobre qué clase de sociedad quieren configurar, cómo piensan revertir una inercia que les está llevando a ser condenados una y otra vez por no respetar los derechos humanos. Por otro lado, quienes consideran esta decisión de
Había muchas cosas en juego en Estrasburgo, todas vitales. Vitales porque afecta seriamente a la vida de las personas, a sus derechos y a su dignidad. Cruciales porque se trata de derechos humanos. Pero también vitales en términos políticos, donde hay que recuperar sensaciones, expectativas, potencialidades, complicidades... y encauzar toda esta energía renovada a lograr un cambio político que tiene como pilar la garantía de todos los derechos para todas las personas. Este acontecimiento debería servir para que, más allá de inercias y obediencias, ese proyecto como pueblo fuese prioritario para todos.
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